El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha tildado de “burla” las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua, al haberse celebrado en condiciones “inaceptables y arbitrarias”, y ha dejado claro que no reconocerá el resultado, que ya apunta a la reelección del presidente Daniel Ortega por una amplia mayoría.
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado en declaraciones a la prensa que “no ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y por lo tanto no tienen ninguna garantía para el Gobierno de España” como tampoco la tiene “para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la UE”.
En un comunicado posterior, su departamento ha dejado claro que España rechaza los resultados “por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron” las elecciones, al tiempo que reclama “unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses”.
Puesto que las elecciones carecieron “de las mínimas garantías democráticas exigibles”, “el Gobierno rechaza dar credibilidad y legitimidad a los resultados que puedan derivarse de este proceso”, ha puntualizado Exteriores. Según los primeros datos oficiales, Ortega habría obtenido su reelección para un cuarto mandato con casi el 75% de los votos.
“El Ejecutivo español considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio”, sostiene el comunicado.
Régimen represivo y autoritario
Asimismo, ha denunciado que “el Gobierno de Nicaragua ha instaurado en el país un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes legislativo y judicial, controlados por Ortega”.
Esto se ha traducido, ha añadido, “en una persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos, todos ellos aún en prisión y privados de sus derechos procesales, y la consiguiente negación de su derecho a participar en unos comicios, a todas luces, fraudulentos”.
“Exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto”, ha reclamado Albares, que ha recordado que el Gobierno ha venido denunciando desde el pasado agosto la situación en Nicaragua y que incluso procedió a retirar su embajadora en Managua, la cual aún no ha regresado.
El Gobierno ha pedido además que se anulen los procesos judiciales contra los presos políticos y manifestantes detenidos, que se “restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía” y que se ponga “fin a la represión y el hostigamiento”.
Además, ha recordado a Nicaragua sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y también “sus propios preceptos constitucionales” y ha reclamado que “se permita el regreso al país de los mecanismos internacionales en esta materia”.
Unidad en la UE y solidaridad con Nicaragua
El ministro ha celebrado la unidad que hay en el seno de la UE con respecto a Nicaragua, donde los socios al igual que el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, se han expresado “con mucha claridad” y ha adelantado que España volverá a plantear esta cuestión.
España, ha precisado Exteriores, “seguirá trabajando con sus socios de la Unión Europea y aliados internacionales para que los nicaragüenses recuperen sus derechos y libertades y puedan ejercerlos en democracia”.
Por otra parte, Albares ha querido dejar clara la “solidaridad con el pueblo hermano de Nicaragua” por parte de España, recordando que en los últimos meses se han donado 1,7 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 al país centroamericano pese a la crisis diplomática. En este sentido, ha aprovechado para enviar “un mensaje de cercanía y solidaridad”.
En otro orden de cosas, el Gobierno ha condenado “el cierre de medios críticos y la expulsión de periodistas nicaragüenses, así como la denegación de entrada al país a corresponsales internacionales, como ocurrió hace escasos días con un equipo de Radiotelevisión Española (RTVE) en la frontera con Costa Rica”.
