Este sábado se han reunido por primera vez los nueve miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador para abordar el informe del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Como único punto del orden del día constaba el debate del informe no vinculante que será remitido al pleno sobre el juicio político que impulsa la mayoría opositora contra Lasso por supuesta malversación de fondos públicos.

Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo) y los comisionados Marco Troya, Pedro Velasco y Roberto Cuero, pidieron cambiar el orden del día para cuestionar las competencias del equipo que elaboró el informe, ya que recomienda que no se dé paso al juicio político.

Entre las conclusiones del borrador del informe consta que Lasso «no incurrió en peculado» o malversación en el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers para la renta de buques, que se suscribió en el anterior Gobierno.

El contrato entre Flopec y Amazonas Tanker se firmó en diciembre del 2018, en un periodo distinto a la administración del presidente Lasso. La Contraloría General del Estado no recomendó la terminación de dicho contrato, aunque estableció trece recomendaciones que fueron cumplidas por Flopec.

Por ello no se establece responsabilidad política del presidente, ya que no se firmaron nuevos contratos entre la filial petrolera estatal y la firma privada.

En último término la decisión de una posible censura y destitución recae en el Pleno de la Asamblea, donde se requieren de, al menos, 92 votos. Sin embargo, el propio Lasso ha amenazado con disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas si avanza el juicio político, ya que considera que las acusaciones vertidas contra él carecen de fundamento y sólo tienen fines partidistas.