La Justicia británica ha rechazado por segunda vez la petición del príncipe Harry de revertir la política adoptada por el Gobierno sobre su custodia policial, mermada después de que el hijo pequeño del rey Carlos III decidiese distanciarse de la familia real y vivir en Estados Unidos.

El pulso se remonta a febrero 2020, cuando la comisión que supervisa la vigilancia de personalidades públicas en Reino Unido (Ravec, por sus siglas en inglés) rebajó el estatus del príncipe y acordó que la vigilancia no sería siempre la misma, sino que dependería de una revisión caso por caso.

Un tribunal ya se había pronunciado a favor del Ministerio del Interior, pero Harry apeló y ahora el juez Geoffrey Vos ha determinado que, pese a que el demandante ha puesto sobre la pesa argumentos «poderosos» en relación al trato recibido, no existe base legal que sustente una marcha atrás forzada del Gobierno.

«No podría decir que el sentimiento de agravio percibido por el duque pueda traducirse en argumentos legales», ha esgrimido el juez Voz, según la radiotelevisión pública BBC.

Al príncipe, ausente de la lectura de la sentencia este viernes, ya sólo le quedaría llevar su caso al Tribunal Supremo, mientras que por parte del Ministerio del Interior, responsable del Ravec, la postura sobre el duque de Sussex se ha mantenido invariable independientemente del cambio de partido en el poder.