El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, que comprende el extremo suroriental del país, ha desestimado el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el manejo indebido de documentos clasificados en su residencia particular de Florida.

Esto se produce después de que en la víspera el fiscal especial a cargo de las causas abiertas contra Trump, Jack Smith, solicitara que la Justicia desestimara no solo este caso, sino también el de los intentos del magnate por revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió ante Joe Biden.

Así, el secretario del Undécimo Circuito de Apelaciones ha publicado una escueta orden en la que detalla que «se concede la moción del apelante de desestimar la apelación en lo que respecta únicamente a Donald J. Trump». Así pues, el resto de implicados en la causa seguirán investigados.

El fiscal especial argumentó su decisión en que, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el caso debería ser desestimado «antes de que el acusado tome posesión» del cargo el próximo 20 de enero. El Supremo dictaminó en julio que Trump gozaba de inmunidad como presidente, pero descartó que fuera total y obligó a la Fiscalía a corregir la imputación.

El expresidente estadounidense se declaró no culpable de más de una treintena de cargos después de que fueran hallados numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca, según recuerda la cadena estadounidense de noticias ABC News.

Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.

Según la ley estadounidense, aprobada después de que el expresidente Richard Nixon intentara destruir documentos de la Casa Blanca durante el escándalo Watergate, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial.