La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un nuevo Consejo Nacional Electoral con el apoyo de dos tercios de la cámara, de mayoría oficialista para los comicios que se celebren los próximos siete años.

Según el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, estos nuevos miembros del ente electoral «actuarán de manera autónoma, independiente, noble en el resguardo del voto de cada venezolano», recoge ‘Últimas Noticias’. Serán los propios miembros de este nuevo consejo los que elijan a su presidente.

Hacía 12 años que no se elegían nuevos miembros del Consejo Electoral, la última vez fue en 2012. Son cinco los miembros que ha elegido el Parlamento, tres de ellos chavistas y dos opositores, tras un proceso de más de un mes.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado y condenado este martes la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela, al criticar que ha sido nombrado por «una Asamblea Nacional ilegítima».

Según ha detallado la organización en un comunicado «estas acciones de la dictadura son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado».

La OEA ha recordado que rechazó «las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020», cuando se eligió esta nueva Asamblea, y que «no reconoció sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional».

Entre otras de las críticas que ha vertido sobre el proceso de elección de los diputados asegura que careció «de imparcialidad y transparencia», no contó «con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía», no fueron «liberados los presos políticos» y no hubo «independencia de la autoridad electoral», además de «no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble».

Por tanto, «esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara».

Además, la organización ha condenado «las acciones de aquellos integrantes de la comunidad internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura», ya que «constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país».