La Policía Federal de Brasil ha puesto en libertad este martes a cerca de 600 personas –madres de niños pequeños, mayores de más de 65 años y otras con enfermedades– acusadas de participar en los actos antidemocráticos del domingo.

Todos ellos habían sido detenidos tras ser desalojados del campamento que por más de dos meses estuvo instalado a las puertas del cuartel general del Ejército, en Brasilia, desde donde los acólitos de Jair Bolsonaro reclamaron durante todo ese tiempo un golpe de Estado y el domingo acudieron a la plaza de los Tres Poderes donde perpetraron el asalto a la democracia que tanto habían estado reclamando.

Más de 1.200 personas fueron subidas a medio centenar de autobuses para que desalojaran dicho campamento después de la orden dada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien decretó la prisión provisional de todos ellos.

Ahora, la Policía Federal ha puesto en libertad a cerca de la mitad de los detenidos amparándose en razones humanitarias tras haber sido interrogados. El resto de quienes no encajan en los criterios de edad y enfermedades han sido llevados primero a dependencias médicas para luego ser trasladados a la cárcel.

El lunes fueron desmantelados finalmente los campamentos que habían levantado en varias ciudades de todo el país los seguidores de Bolsonaro disgustados con el triunfo en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva el pasado 30 de octubre.

Además de aquellas 1.200 personas presas tras ser desalojadas, otras 300 lo fueron cuando participaban en los actos antidemocráticos del domingo, cuando miles de ellos asaltaron la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo.

La Policía informó de que se han identificado al menos una quincena de delitos relacionados con estos hechos, entre ellos los de golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes públicos, posesión de armas y robo.