La candidata “unitaria” de la oposición venezolana frente al chavismo para los comicios de 2024, María Corina Machado, ha presentado una reclamación ante el Tribunal Supremo de Justicia para que revise la orden de inhabilitación de 15 años que pesa en su contra y que fue dictada por la Contraloría General de Venezuela.
Corina Machado ha explicado este viernes tras salir del Supremo que ha solicitado una “vía de hecho” o reclamación para que se revise la inhabilitación que pesa en su contra por cuestiones patrimoniales, si bien no ha llegado a recurrir dicha decisión, ya que ha alegado que es inexistente.
“Yo no he cometido delito alguno ni he sido notificada de ningún procedimiento. ¿Cuál es la verdad? Que el régimen tiene terror de medirse (con la oposición)”, ha dicho, añadiendo que no van a sacarla de “la ruta electoral”, según el canal de televisión NTN24.
En este sentido, ha asegurado que “la pelota está ahora en la cancha del régimen”. “Ahora es a ellos a quienes les toca cumplir. Yo tengo clarísimo cuál es mi mandato, que lo vamos a cumplir, pero no hay excusas”, ha sentenciado.
La embajada estadounidense en Venezuela ha publicado este viernes un mensaje en la red social X en la que aplaude “a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones”.
“Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas. Pedimos la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluido Roberto Abdul”, ha indicado.
Machado arrasó en las primarias opositoras, según la Comisión Nacional de Primaria, con más del 90 por ciento de los votos. Para Maduro, sin embargo, todo forma parte de un “megafraude” con el que la oposición quiere “volver a poner al país en la violencia, la guarimba y la desestabilización”.
La orden de inhabilitación fue presentada a raíz de la petición de un diputado chavista y fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones adoptadas sobre Venezuela.
