La oficina de Derechos Humanos de la ONU se ha mostrado «consternada» por la muerte de al menos 25 personas en una favela de Río de Janeiro y ha reclamado una investigación «independiente» sobre lo ocurrido, si bien ha apelado a una reforma más amplia para poner fin al «círculo vicioso de violencia letal» que viven algunas de las zonas más pobres de Brasil.

El último incidente ha tenido lugar en la favela de Jacarezinho y, como ha recordado el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, sería «la operación más mortífera en más de una década en Río de Janeiro».

«Ahonda una tendencia en el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía en barrios pobres, marginados y predominantemente afrobrasileños», ha añadido Colville, en alusión a unas favelas que han sido tradicionalmente escenario de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

El portavoz ha subrayado que el uso de la fuerza debe limitarse a momentos en lo que sea «estrictamente necesarios» y tener en cuenta criterios de «legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad», de tal forma que la fuera letal quede reservada a escenarios de «amenaza inminente» para la vida y como medida de «último recurso».

En el caso de los sucesos de Jacarezinho, la oficina que dirige la expresidenta de Chile Michelle Bachelet también ha aludido a informaciones «preocupantes» recibidas tras el operativo y que dan cuenta de que, supuestamente, «la Policía no tomó medidas para preservar pruebas en la escena del crimen», lo que podría perjudicar las pesquisas.

La Fiscalía de Río de Janeiro ya ha anunciado que investigará si abuso policial y la ONU espera que haya una «investigación independiente, completa y parcial». Según Colville, esto pasa también por garantizar la seguridad de los testigos, protegiéndolos de cualquier tipo de intimidación o represalia.

«Pedimos también un debate amplio e inclusivo sobre el actual modelo policial en las favelas, que están atrapadas en un círculo vicioso de violencia letal», ha añadido Colville, quien ha recordado la precaria situación de los vecinos de estos barrios, «marginados».

Totalmente inaceptable, según Amnistía:

La directora de Amnistía Internacional, Brasil, Jurema Werneck, también ha expresado en nombre de la ONG su condena por lo ocurrido en Jacarezinho y ha tachado de «totalmente inaceptable» el hecho de que «las fuerzas de seguridad sigan cometiendo graves violaciones de Derechos Humanos».

«Aunque las víctimas fueran sospechosas de asociación delictiva –lo cual no se ha demostrado–, las ejecuciones sumarias como estas son totalmente injustificables», ha aseverado, en una nota en la que ha subrayado que corresponde a la Policía y a los tribunales detener y juzgar a los sospechosos.

Amnistía ha pedido «una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y efectiva sobre estas atrocidades» para que los agentes implicados en posibles abusos rindan cuentas, pero al igual que la ONU también ha apelado a una revisión más amplia, lamentando que las operaciones en las favelas no hayan cesado pese a que el Tribunal Supremo Federal ordenó suspenderlas en junio de 2020.