Expertos del Grupo de Trabajo Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU han emplazado a las autoridades venezolanas a esclarecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, durante y después de la investidura del presidente Nicolás Maduro.

«Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación», han apuntado los expertos en un comunicado oficial, que sin embargo no menciona cifras concretas.

En concreto se refieren a «denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil» que buscan conocer la suerte y el paradero de seres queridos y clientes y que han informado que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados por las instituciones venezolanas.

Los expertos alertan de un patrón generalizado o sistemático de desaparición forzada, en cuya comisión u ocultamiento estarían implicadas diversas autoridades venezolanas, incluyendo las más altas autoridades del país, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Brigada de Infantería Paracaidista, la Policía Estatal, el poder judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía General, entre otros.

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«El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva», han alertado los expertos.

Mencionan además el «uso sistemático» de las llamadas «desapariciones forzadas de corta duración» desde antes de la votación, pero que «continúan ocurriendo».

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«Las autoridades estatales que detienen a las personas y se niegan a reconocer que están bajo su custodia u ocultan su suerte y paradero, las colocan fuera de la protección de la ley», han argumentado.

Como solución, proponen al Gobierno de Venezuela cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responder a las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de acuerdo con su mandato humanitario, proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente desaparecidas forzadamente por el Estado, y prevenir, enjuiciar y erradicar este crimen como una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional.