El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha mostrado este miércoles su “preocupación” por la crisis política en Guatemala y ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar “una transición adecuada” que respete los resultados de las elecciones presidenciales, en las que se impuso Bernardo Arévalo.
“Estoy preocupado, sin duda”, ha manifestado Turk en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de su visita a Madrid para participar en un acto organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con motivo del 75º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
Así, ha apuntado a la existencia de “intentos” de “socavar” el proceso electoral en Guatemala y ha incidido en que “hay que garantizar que hay una transición adecuada al próximo gobierno, que sea totalmente respetada”.
La crisis deriva de las acciones de la Fiscalía contra el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, argumentando que habría incurrido en un delito de blanqueo en relación a supuestos pagos para las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse como formación de cara a los comicios.
Según los fiscales, existen indicios de que el partido falsificó las firmas de unos 5.000 ciudadanos, si bien expertos legales sostienen que las leyes guatemaltecas impiden la suspensión de cualquier formación política una vez se inicia un proceso electoral, tal y como sería en este caso.
De acuerdo a las leyes de Guatemala, si no se pudiera realizar el traspaso de poder entre el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y el electo, este pasaría al Congreso, que llegado el momento tendría que elegir a un candidato.
Por otra parte, Turk ha denunciado también que “durante muchos años” se han visto “ataques” contra antiguos miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, poco más de un mes después de la detención de la exabogada de la comisión Claudia González en relación con sus actividades de trabajo en este organismo.
Desde el cierre del organismo en 2019 tras doce años de trabajos, la ONU ha recibido informes sobre procesos abiertos contra miembros de la CICIG como represalia por sus investigaciones contra casos de corrupción en Guatemala. “Conozco a algunas de estas personas. Me he reunido con algunas y también me he reunido con destacados jueces y miembros del aparato judicial y la judicatura que han tenido que huir del país”, ha destacado Turk.
Por ello, ha subrayado además la importancia de que “se restaure totalmente la independencia del aparato judicial y que se proteja a los defensores de los Derechos Humanos que no están de acuerdo con este tipo de interferencia”, en referencia a la situación en torno a las últimas elecciones en Guatemala.
A raíz del anuncio de la victoria de Arévalo en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se impuso a Sandra Torres, la Fiscalía guatemalteca ha adoptado una serie de medidas para intentar anular los resultados o incluso ilegalizar a su partido en medio de las condenas de la comunidad internacional.
El propio Arévalo hizo recientemente un llamamiento a la población a manifestarse ante las acciones de la Fiscalía, entre las que se encuentra la incautación de las actas de las presidenciales, medida que ha sido condenada también por organizaciones civiles, incluida la Conferencia Episcopal.
“Es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de derecho y este intento de romper el orden constitucional”, afirmó Arévalo, que ha presentado incluso un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo al entender que estas acciones ponen en riesgo la democracia en el país y constituyen un “golpe de Estado”.
