Presos políticos del Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, y de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, iniciaron en la tarde del viernes una huelga de hambre para exigir su liberación y denunciar los maltratos bajo custodia.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) ha informado a través de su cuenta en la red social X de la huelga, en la que participan presos como Héctor Alonso Esqueda Nieves, detenido durante las protestas postelectorales, en protesta tras constatar el incumplimiento de las promesas de liberación de medio centenar de presos en Tocuyito.

«El preso político Héctor Alonso Esqueda Nieves llamó a sus familiares para informar que ha iniciado una huelga de hambre como protesta para exigir su liberación inmediata, ya que es inocente», ha explicado el CLIPP en X.

A Esqueda Nieves, padre de tres menores de edad y gerente del vertedero del estado Cojedes, se le sumaron en un «un gesto de solidaridad y resistencia frente a la injusticia» otros dos presos políticos cuyas identidades no han trascendido.

El Comité ha apuntado que Esqueda Nieves, acusado de terrorismo e incitación al odio, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 3 de agosto en una estación de servicio en el estado Cojedes, «mientras realizaba diligencias».

«Hacemos un llamado a los organismos internacionales para que condenen estas graves violaciones a los derechos humanos y actúen ante esta situación alarmante que afecta a los presos políticos y sus familias, quienes enfrentan una evidente violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela», han apelado.

A los detenidos de Tocuyito se han sumado al menos cuarenta presos políticos de El Helicoide para exigir justicia ante los tratos crueles e inhumanos sufridos durante una «arbitraria y fuerte requisa», así como su liberación inmediata.

«Los presos políticos están agotados de los constantes atropellos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentan en las cárceles del gobierno venezolano. Basta ya de represión. El Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y psicológica de todos los detenidos bajo su custodia, y debe responder por las graves violaciones de derechos humanos que se están denunciando», ha destacado el Comité.

El pasado lunes, el Ministerio Público informó de 413 excarcelaciones de personas detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denuncia fraude electoral en favor del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, la ONG Foro Penal ha informado de que al terminar el año había una cifra récord de 1.794 presos políticos, la mayoría detenidos durante las protestas contra Maduro.