El programa antiterrorista de Estados Unidos Recompensas para la Justicia «viola los Derechos Humanos», han asegurado este miércoles expertos independientes de Naciones Unidas.

En concreto, han criticado que las recompensas se ofrecen por individuos extranjeros sospechosos sobre los que no hay acusaciones formales de la Justicia estadounidense, lo que viola, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Operado por el Departamento de Estado estadounidense, el programa ofrece dinero por personas fuera de su territorio que el Gobierno considera como «asociados» al terrorismo, pero sobre los que no pesan cargos por crimen alguno. También ofrece recompensas pecuniarias por individuos extranjeros a los que considera implicados en actos de terrorismo si cooperan con las autoridades estadounidenses.

«A muchas de las personas a las que el programa Recompensas para la Justicia tiene como objetivo se les ha negado el derecho al debido proceso», ha asegurado la relatora especial sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos Alena Douhan.

«Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales», ha recordado, subrayando que ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa «alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos». Además, ha destacado que, sin embargo, en el caso de los ciudadanos norteamericanos sí existen órdenes de arrestos o han sido acusados formalmente de crímenes.

El ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas o asociados con entidades descritas por Estados Unidos como implicadas en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán o Cuba, viene acompañado de amenazas sobre la imposición de sanciones a aquellos individuos que no cooperen con las exigencias del Gobierno.

Sin posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos, las sanciones impuestas contra esos individuos violan distintos Derechos Humanos, entre ellos el derecho al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido.

Por todo ello, la relatora ha instado al Gobierno de Estados Unidos a revisar el programa en cuestión, para asegurar que está «alineado» con las leyes internacionales.

«La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero solo puede hacerse con el debido respeto a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de conformidad con la Estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo», ha remachado Douhan.

La relatora lo ha planteado, junto con otras cuestiones que preocupan a su mandato, al Gobierno de Estados Unidos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.