El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha rechazado este jueves el juicio político en su contra por presuntos cargos de corrupción, al que este miércoles dio luz verde el Tribunal Constitucional de Ecuador y que, según el mandatario, «huele muy mal».

«Quiero compartir tres conceptos, tres verdades» ha comenzado el presidente en un vídeo institucional. «Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención, por tanto rechazo este juicio político que huele muy mal».

«Segundo, soy un demócrata, y creo que la democracia se fortalece con más democracia, por tanto respeto la decisión de la corte constitucional aunque no la comparta», ha continuado.

«Tercero, soy humano, como cada uno de ustedes, por tanto me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar», ha sentenciado el presidente. «Con la mano en el corazón les ratifico que soy inocente».

Ha acusado a los asambleístas opositores de «inventar un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites», y ha recriminado que no existe base jurídica para el caso: «Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de a constitución. Es más, señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión».

También ha lamentado y condenado las «presiones e incluso amenazas que la corte recibió de determinados sectores de la política».

Este miércoles, el Constitucional aprobó un dictamen que determina que sí le corresponde a este tribunal efectuar el análisis del procedimiento y del contenido de la solicitud, con el fin de «garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa», y asegurar así «que la institución del juicio político al presidente no sea utilizada de forma arbitraria».

Los jueces han aceptado únicamente una de las tres causas planteadas, la relativa a supuesta malversación en un contrato de una empresa pública. Mientras, las otras dos acusaciones –por delito de pacto ilícito– no han sido admitidas porque «no cumplen con las exigencias» legales y constitucionales.

Tras la admisión por parte de la Justicia ecuatoriana, el dictamen será remitido a la Asamblea Nacional. Deberá pasar por la Comisión de Fiscalización para recabar pruebas y que Lasso ejerza su derecho a la defensa. Por último, los parlamentarios votarán en el pleno, donde se necesitarán 92 votos –dos terceras partes de la cámara– para que el mandatario fuera destituido.