Una decena de presos han pasado a engrosar la lista de ejecuciones bajo supervisión federal en Estados Unidos en 2020 tras la reanudación de esta modalidad de castigo el pasado mes de julio, en el comienzo un periodo de cinco meses que ha registrado el mayor número de ajusticiamientos bajo responsabilidad directa del Gobierno norteamericano desde hace un siglo, según los datos de la Oficina de Penitenciarías.

Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal en julio por orden del fiscal general del país, William Barr, tras una moratoria de 16 años. Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período; las mismas que quedan por cumplirse hasta el final de la transición presidencial, el próximo mes de enero.

Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de Oklahoma City. Desde 2003, no ha habido ejecuciones federales en absoluto, hasta ahora.

Barr argumentó que las ejecuciones federales están contempladas por el Congreso y las últimas van dirigidas contra los responsables del asesinato, y en ocasiones, la tortura y violación, de los más vulnerables de la sociedad, niños y ancianos».

Las palabras de Barr supusieron el anuncio oficial del fin de una moratoria informal sobre la pena de muerte desde la ejecución en 2003 de Louis Jones. No obstante, la pena capital ha seguido aplicándose en cada uno de los 29 estados en los que está contemplada.

Las últimas han sido las de Brandon Bernard y, este mismo viernes, Alfred Bourgeois, hasta conformar un total de 10 de 17 ejecuciones efectuadas este año en el país, siete de ellas propias de cada estado, según el grupo Death Penalty Information Center.

Bourgeois, de 56 años, fue ejecutado por torturar y matar a su hija de 2 años mientras que Bernard, de 40 años, fue ejecutado el jueves por participar cuando era adolescente en el secuestro y asesinato de dos religiosos en 1999.

El fiscal general ha explicado que su Departamento de Justicia simplemente está respetando la ley existente, pero los críticos han dicho que la medida es preocupante, ya que se produce solo unas semanas antes de que el presidente electo, Joe Biden, quien ha dicho que buscará poner fin a la pena de muerte, asuma el cargo.

Poco respaldo público

«Estamos ante una situación extremadamente fuera de lo normal», ha lamentado a la BBC la directora del apartidista Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Ngozi Ndulue, antes de recordar que la opinión popular también se ha alejado de la pena capital.

De hecho, una encuesta de Gallup, con fecha de noviembre de 2019 resolvió que el 60 por ciento de los estadounidenses apoyaba la cadena perpetua sobre la pena de muerte por primera vez desde que comenzó la encuesta hace más de 30 años. «El apoyo público a la pena de muerte es mínimo desde hace décadas», ha declarado Ndulue.

La presión popular motivó que este mismo año Colorado se convirtiera en el estado número 22 en abolir el castigo, pero el apoyo de los simpatizantes del Partido Republicano se ha mantenido en su mayoría estable desde 2016, según Gallup.

La plataforma de justicia penal que abandera el presidente electo, Joe Biden, promete revertir esta tendencia con la intención de «eliminar la pena de muerte», a través de la configuración de una legislación para ponerle fin a nivel federal «e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del Gobierno».

«El presidente electo se opone a la pena de muerte, ahora y en el futuro, y como presidente trabajará para poner fin a su uso», ha hecho saber su portavoz, TJ Ducklo, en declaraciones al portal Axios.