El Ejecutivo estadounidense ha solicitado este viernes ante la Corte Suprema del país que elimine las protecciones contra las deportaciones concedidas a aproximadamente 300.000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos, lo que permitiría su deportación, y ha acusado a un tribunal inferior de haber incurrido en una «afrenta innecesaria» al dictar un fallo contrario.

La petición guarda relación con la decisión tomada a comienzos de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgada a los migrantes venezolanos en EEUU, antes del plazo estipulado por su antecesor en el cargo, Alejandro Mayorkas, durante el mandato de Joe Biden.

La Administración Trump ha argumentado que «permitir que los extranjeros permanezcan temporalmente en Estados Unidos [sería] contrario al interés nacional» del país y ha advertido del peligro de un potencial «efecto llamada», atrayendo a más venezolanos «más allá de los actuales beneficiarios del TPS».

Asimismo, la «débil e inadecuadamente desarrollada» base para la ampliación del estatus de protección durante la legislatura anterior –ha explicado Noem– daría carta blanca a la nueva Administración para «tomar (sus propias) decisiones informadas respecto a las designaciones del TPS», de acuerdo la solicitud presentada ante la Corte Suprema.

En cuanto a la resolución contraria de instancias inferiores, el mismo escrito rechaza la decisión alegando que «las acciones del Secretario con respecto a la designación del TPS para Venezuela deben permanecer vigentes mientras se desarrolla el litigio», como ya se había dictado con anterioridad.

«Esa decisión reflejó la evaluación de este Tribunal de que los méritos legales y los factores equitativos favorecen al Gobierno. Dado que ninguno de esos factores ha cambiado, este Tribunal debería restablecer la suspensión en espera de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto», continúa la comunicación.

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A todos estos argumentos se suma el hecho de que la primera orden emitida por la Corte Suprema en este caso no ha incluido justificación alguna para su fallo, algo que, según la Administración Trump, carece de relevancia.

«Ya sea que esas resoluciones consten de una sola línea o de varias páginas, desobedecerlas –como lo han hecho aquí los tribunales inferiores– resulta inaceptable», ha señalado el equipo legal del expresidente y así lo ha recogido CNN.

Por su parte, varios jueces de instancias inferiores han manifestado su confusión sobre cómo proceder en casos donde la Corte Suprema ha ofrecido escasa o nula explicación en sus decisiones rápidas. «No nos están dando ninguna orientación», lamentaba el juez del circuito federal James Wynn durante una audiencia celebrada a principios de este mes, en un caso relacionado con el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental a los datos de la Seguridad Social.

Una cuestión clave en el litigio es si Kristi Noem ha tenido la autoridad legal para revocar el TPS antes de que expirara su vigencia. La Administración Biden había otorgado inicialmente el estatus de protección temporal a ciudadanos venezolanos en marzo de 2021, en respuesta al aumento de la inestabilidad en Venezuela, y lo extendió nuevamente en 2023.

Así, apenas dos semanas antes del traspaso de poder al actual presidente, Donald Trump, el Gobierno de Biden renovó estas protecciones por otros 18 meses.

Por este motivo, los demandantes –hasta ahora beneficiarios del TPS– han criticado que la decisión de Noem de anular repentinamente estas protecciones contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las agencias federales sigan ciertos pasos formales al modificar políticas públicas. Además, han denunciado que dicha decisión habría estado motivada por razones políticas y raciales.