El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha solicitado una orden de detención contra Juan Guaidó, presidente del «Gobierno interino» de Venezuela en el año 2019 y reconocido opositor al Gobierno de Maduro, por su supuesta implicación en la trama de corrupción en la que están involucrados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, tras la publicación de un audio entre ambos en el que conversan acerca del cobro de comisiones de una petrolera venezolana vinculada a Guaidó.

«El Ministerio Público (…) de Venezuela, ha decidido iniciar de inmediato una nueva investigación penal contra Juan Guaidó, en atención a un material audiovisual recientemente difundido por medios de comunicación y redes sociales», ha asegurado la Fiscalía de Venezuela en un comunicado emitido en redes sociales.

El audio forma parte del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investiga la trama de corrupción que afecta al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a antiguos miembros del Gobierno de España y en el que se puede escuchar a Koldo García asegurar que Guaidó está «sumamente agradecido» al entonces ministro Ábalos.

Asimismo, conversan acerca de una posible comisión de 500.000 euros al mes otorgada por una petrolera venezolana «supervisada por Estados Unidos» que controlarían personas cercanas al opositor. A cambio, el ministro Ábalos debería poner en contacto a Guaidó con el presidente de España, Pedro Sánchez.

En este sentido, William Saab ha asegurado que estos audios «ponen en evidencia la existencia de una trama criminal transnacional, articulada por Juan Guaidó y actores políticos extranjeros, que pretendía negociar ilegítimamente el patrimonio público nacional».

Por ello, ha solicitado «inmediatamente» a los tribunales que emitan una orden de arresto contra Juan Guaidó y una «alerta roja internacional a través de la Interpol» para que pueda pasar a disposición de la Justicia venezolana.

Con este nuevo caso, el opositor suma ya 30 expedientes en la Fiscalía del país entre los que se incluyen delitos como «usurpación de funciones, legitimación de capitales, traición a la patria o asociación para delinquir», lo que supone un «patrón sistemático de prácticas delictivas que buscan vulnerar el orden constitucional y económico de la República».

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