La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, propinó un duro golpe al Clan del Golfo al ocupar, con fines de extinción del derecho de dominio, 77 bienes entre inmuebles y muebles, cuyo valor comercial alcanza los 110 mil millones de pesos.

Se trata de bienes ubicados en los municipios antioqueños de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Turbo, San Pedro de Urabá y Apartadó; además de Acandí (Chocó).

«La localización de estos bienes se dio gracias a una acción coordinada entre las direcciones especializadas de Extinción del Derecho de Dominio y la de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, en lo que se reconoce como una operación espejo, la primera contra esta organización delincuencial», precisó la Fiscalía.

De acuerdo con e ente investigador, en los operativos se logró la captura de 12 personas que están siendo investigadas para establecer su eventual relación con el Clan del Golfo. La judicialización de estas personas se cumplió en Medellín. Además, fueron encontrados 119 millones de pesos en efectivo en una caja fuerte. Ahora se trata de establecer la procedencia del dinero.

Entre los bienes afectados están los 18 reconocidos supermercados localizados en, al menos, seis municipios del Urabá antioqueño; a los cuales se suman lotes en zonas urbanas y rurales, sociedades comerciales; vehículos tipo camión, camperos y varias motocicletas. Entre los bienes afectados llama la atención una finca avícola ubicada en Turbo (Antioquia) que surtía de huevos los supermercados.

«Estas labores se cumplieron en el marco de la operación Mercurio (que hace parte de la estrategia Agamenón) realizada en los municipios de Carepa, Chigorodó y Apartadó, corregimiento de Currulao del municipio de Turbo. Estas acciones hacen parte de l estrategia trazada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para llegar de manera contundente con justicia a los territorios», indicó la Fiscalía.

Para las autoridades, este procedimiento se configura como uno de los más fuertes contra el principal centro de abastecimiento de la organización de alias Otoniel, por cuyo paradero Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares, y el Gobierno Nacional tres mil millones de pesos.

Las personas capturadas deberán responder por delitos como: concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y lavado de activos agravado, de acuerdo con su responsabilidad.

Finalmente, la Fiscalía precisó que los bienes serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.