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Una juez penal especializada de Antioquia condenó a 11 años y tres meses a directivos de empresas bananeras en el Urabá por financiación a grupos paramilitares.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación evidenció que entre 1995 y 2004 empresarios de Chiquita Brands y sus empresas filiales entregaron 1.700.000 dólares para financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región de Urabá a cambio de seguridad para sus cultivos, instalaciones
y trabajadores.
El fallo involucra a los directivos de Banadex y Banacol: Charles Dennis Keiser, John Paul Olivo,
José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz,
Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González.
El juzgado dispuso expedir orden de captura contra los hoy condenados en el momento que la
sentencia quede en firme, quienes además deberán pagar multas de 7.950 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 135 meses.
El fallo absolvió a Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Víctor Manuel Henríquez Velásquez.
La sentencia establece que entre 1995 y 2004 los hoy condenados se concertaron con alias Pedro Ponte, comandante del bloque Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tenían injerencia en Urabá Antioqueño, para financiar el grupo armado ilegal con tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado desde la región.
Durante nueve años se realizaron al menos cien pagos que alcanzaron un total de 1.700.000 dólares. Dinero que fue suministrado por la comercializadora Chiquita Brands Internacional INC a través de su filial en Colombia Banadex y la empresa Banacol.
La legalización de los pagos se hizo a través de servicios prestados de protección y vigilancia que realizaron siete cooperativas de vigilancia y seguridad privadas conocidas para la época como Convivir. La seguridad se prestó en cultivos, instalaciones y personal vinculado a las empresas bananeras y la comercializadora internacional que exportaba la fruta a Europa y Estados Unidos.
Esta financiación se tradujo no solo en la expansión del paramilitarismo en la región de Urabá, sino además en cientos de homicidios de líderes sociales y campesinos, desapariciones forzadas, tortura,
desplazamiento forzado.
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