Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

Los ofíciales estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

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Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.