En el momento en que Carlos Mattos regrese de España, luego de que la Agencia Nacional de España, habilitara el camino de su extradición, deberá enfrentar cargos por el delito de cohecho y otros de índoles informáticos.
En la resolución, aclara que no es firme, que se puede interponer recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional, y la última decisión corresponde al gobierno español.
Carlos Mattos es requerido por la justicia colombiana por haber entregado 250 millones de pesos a una jueza para que favoreciera a Hyundai Colombia Automotriz, en contra de la demanda de Global Car World SAS. Se trata de un delito de cohecho, tipificado también en la legislación penal española.
Los hechos se remontan al año 2015, cuando Hyundai Motor Company de Corea, le anunció a Hyundai Colombia Automotriz, que no renovaría el contrato para la venta de estos vehículos en el país, porque se le daría a la empresa Neocorp de Ecuador, decisión que no agradó a Mattos por ser presidente de la compañía afectada.
Las investigaciones que al respecto hizo la Fiscalía General de la Nación, establecieron que el empresario adulteró el reparto hasta llegar al Juzgado Sexto Civil del Circuito que falló a favor de sus intereses en el mes de abril de 2016.
Al respecto el columnista Daniel Coronell denunció en la Revista Semana que Carlos Mattos, junto con su hermano Alfonso ‘Poncho’ Mattos se reunieron en Bucaramanga para reunirse con Dagoberto Rodríguez, el escribiente del juez comprado y así decidir la suerte del proceso judicial favor de su hermano primero en el pleito contra la multinacional coreana Hyundai.
Luego de conocer la decisión de la Agencia Nacional de España, los abogados de Mattos argumentaron que por su estado de salud, sería perjudicial recluirlo en una cárcel en Colombia, cuyos prisioneros viven en estado de hacinamiento, presentando el historial clínico del empresario, donde figuran diversos padecimientos tanto físicos como psicológicos; entre ellos, problemas arteriales, diabetes, tumores cutáneos y depresión. Sin embargo el tribunal negó el alegato por considerar que el estado de salud de una persona no es razón para no para ser extraditado.
La última palabra la tiene el gobierno español, que tiene la facultad legal de entregar o no a la persona reclamada y denegar la correspondiente extradición.
