La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en el marco del trámite de medidas cautelares de protección de lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada en los municipios del área de influencia de Hidroituango, avanza en establecer la verdad plena sobre lo ocurrido en esta zona del país.

En ese sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha determinado que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.

A partir de lo anterior la JEP concluye que “en esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades».

De acuerdo con la entidad, la base de datos construida por la JEP es resultado de un ejercicio de consolidación de información de seis fuentes, a saber: Centro Nacional de Memoria Histórica; Fiscalía General de la Nación y sus respectivos sistemas de información SIJUF, SIJYP y SPOA; la Unidad de Atención a Víctimas UARIV; y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD).

Las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.

Los datos recogidos permiten constatar que este grave crimen tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50% de las víctimas); que su máxima expresión se dio durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos —un número elevadísimo—, y que el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir del año 2010.