Un total de 25 organizaciones humanitarias que trabajan en Colombia han pedido a Naciones Unidas que mantenga su actual implicación en el país por la «confluencia de varias crisis simultáneas» y ante la posibilidad de que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) elimine las funciones de coordinador humanitario que desde hace una década realiza Naciones Unidas en Colombia.

En una carta enviada al secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, las ONG, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad-ActionAid, han resaltado que en grandes áreas del territorio colombiano se dan, al mismo tiempo, violencia armada, la pandemia de COVID-19, la llegada de migrantes de Venezuela y catástrofes climáticas. Todas estas crisis afectan a casi once millones de personas.

La eliminación de la coordinación humanitaria de la OCHA en Colombia se realizaría a petición del Gobierno de Iván Duque, que ha propuesto convertirla en un equipo asesor humanitario.

En el texto, las organizaciones señalan que este cambio «sentaría un precedente internacional peligroso y no solo pondría más presión en el sistema de la ONU, sino también a todos los actores humanitarios en un momento en que el acceso a la ayuda humanitaria se está reduciendo».

Así, han recordado que, actualmente hay 6,7 millones de personas afectadas por la crisis humanitaria en Colombia, sin contar con que los migrantes venezolanos suponen 1,5 millones más que el año anterior. Asimismo, los datos recabados por el Foro de ONG Internacionales Humanitarias en Colombia en un informe indican que 4,6 millones de colombianos no cuentan hoy con recursos económicos suficiente para adquirir alimentos básicos.

Entre las más afectadas en este contexto se encuentran las mujeres, que han visto aumentar el pasado año su vulnerabilidad en lo que respecta a su seguridad personal, después de que los confinamientos por la pandemia provocaran la expansión de los grupos armados y con ellos las agresiones en las comunidades –hasta 1.700 sucesos en un año–, el reclutamiento forzoso –aumentó un 113 por ciento respecto a 2019– y la violencia sexual.

Todo ello acompañado, según denuncian las ONG, de una deficiente implantación de los servicios públicos, cuando no ausencia total. Especialmente preocupante es lo referente al sistema de salud en medio de una pandemia que ha llegado a los territorios rurales.

En este contexto, consideran que «no es el momento» de bajar el perfil de la OCHA, cuyo papel han calificado de «fundamental» para «recoger información de necesidades humanitarias y realizar informes que visibilizan a nivel internacional la situación, así como facilitar la no duplicidad en las respuestas de todos los actores presentes en el país».

«El Gobierno trata de minimizar los problemas para atraer inversiones extranjeras, pero sin OCHA como hasta ahora, estas crisis simultáneas pueden quedar invisibilizadas justo cuando hay menos fondos», ha destacado el coordinador del Foro, José Luis Barreiro.

«Estamos hablando del segundo país con más refugiados del mundo, provenientes de Venezuela, y es imprescindible contar con financiación en el sector humanitario», ha agregado, señalando también que, pese a los acuerdos de 2016, «Colombia no está en paz».

Por su parte, la responsable de programas de Alianza por la Solidaridad en Colombia, Helen Cadena, ha recordado las «graves consecuencias» del confinamiento forzoso, causado por grupos armados.

«Las familias afectadas por el conflicto armado de los grupos violentos no pueden salir de sus comunidades a realizar actividades para su autoconsumo, como cultivar o pescar, y ello hace que esa inseguridad alimentaria afecte ya a 3,5 millones de personas en este país», ha dicho, al tiempo que ha censurado que es «un aumento desproporcionado, sobre todo para las personas afectadas por la COVID-19».

Previsiones no halagüeñas

Las previsiones para 2021 tampoco no son buenas. Las ONG humanitarias identifican al menos 751 municipios que van a seguir muy afectados por esta violencia armada, sumada al impacto de desastres naturales, como La Niña, y las consecuencias de la COVID-19.

Los departamentos más críticos son Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, con una especial afectación en el eje Pacífico. En Nariño, Cauca y Valle del Cauca trabaja Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

También se prevé que la erradicación de cultivos de uso ilícito siga propiciando tensiones y protestas sociales, dado que no están llegando alternativas de sustitución por otros cultivos, dejando a las poblaciones sin recursos.

«Necesitamos que el mundo no se olvide de la situación de Colombia porque son millones de personas en medio de un cúmulo de crisis», ha concluido Cadena.