La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado para que junto con las garantías de atención humanitaria a las personas desplazadas en el departamento de Arauca y la masiva llegada de migrantes venezolanos, se tomen medidas especiales relacionadas con albergue, alimentación y salud y se revisen medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.

En este sentido la Procuraduría solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de solicitar su participación, veeduría y acompañamiento en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil.

El Ministerio Público considera que si bien son necesarias todas las medidas que se vienen tomando en relación con la situación en Arauca y entre las que se destacan la entrega de ayudas humanitarias a las familias necesitadas, las que incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina y demás necesarios, para cumplir con la meta de atención, la realización de pruebas para identificar riesgos de contagio por covid-19 y un censo que establezca cuantas de las personas desplazadas son connacionales y cuantas extranjeras; es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para salvaguardar su vida, lo que implica un análisis profundo en materia de seguridad.

«La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raíces en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera, es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata”, afirmó la Procuradora General, Margarita Cabello.