La Contraloría de Bogotá, a través de una auditoria, generó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos y falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en Corferias.

Según el ente de control distrital, durante el tiempo de ejecución del contrato entre el Distrito y Corferias para aumentar la disposición de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá para la atención de la pandemia del Covid19, se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13.7% de la capacidad instalada.

El informe establece además que en el hospital transitorio se atendieron 515 pacientes, con una apropiación final de $20 mil millones de pesos, arrojando un costo por cada paciente atendido de casi $39 millones.

Para la Contraloría de Bogotá, se configuró una “observación administrativa con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizar 1.726 cubículos/cama en la ejecución del contrato 02-BS-057-2020”.

Al respecto, la concejal Heidy Sánchez, quien hizo la solicitud al órgano de control fiscal en Bogotá, para que investigara el caso del centro hospitalario transitorio instalado en Corferias por presunto detrimento patrimonial en favor de un privado, “nunca se consiguieron en 2020 los objetivos de aprovisionamiento de UCI para la ciudad, motivo por el que tampoco se requirió la capacidad instalada en el centro hospitalario transitorio de Corferias”.

La cabildante de la Colombia Humana considera que se deben abrir investigaciones de tipo disciplinario al secretario de Salud Alejandro Gómez y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por “supuesta malversación de recursos a favor de un privado”.