El Estado colombiano ha reconocido este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad, aunque de manera parcial, en el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya en el años 2000, a quien le ha pedido disculpas.

«A nombre del Estado colombiano reconozco la responsabilidad por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima y le pide perdón a Jineth Bedoya, por estos hechos y por el daño que le causaron», ha manifestado ante la Corte IDH el encargado de la defensa del Estado colombiano, Camilo Gómez.

«El Estado reconoce que estas actuaciones vulneraron sus derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales, en relación con la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos», ha añadido.

El caso conocido como ‘Bedoya Lima contra Colombia’, ha cerrado este martes su cuarto y último día de audiencia con los alegatos de la propia víctima, el estado Colombiano y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La CIDH retomó la investigación después que la semana pasada el proceso quedara suspendido por la demanda de parcialidad presentada por el Gobierno de Colombia. La Corte estudió la responsabilidad del Estado en el secuestro y la violación de la periodista por parte de un grupo de paramilitares en mayo de 2000 cuando se dirigía a realizar una entrevista a la cárcel La Modelo, en Bogotá.

Por su parte, la defensa de Bedoya ha sostenido que la responsabilidad parcial que ha asumido el Estado colombiano es insuficiente y «lamentable», debido a «la gravedad de las violaciones». A su vez, ha cuestionado las «ineficaces» políticas públicas llevadas a cabo por las autoridades del país, las cuales «no han ayudado a disminuir las estadísticas de violencia sexual contra las mujeres periodistas».

La defensa del Estado ha justificado, para evitar asumir una responsabilidad total de lo ocurrido, que Bedoya acudió a la cárcel La Modelo sin haber informado a las autoridades, «como se le había señalado» y que «no hizo los trámites para obtener la seguridad» que le ofreció el Gobierno después de que la periodista denunciara amenazas por sus trabajos periodísticos.

Por ello, Colombia sostuvo que «la CIDH debería resolver si a la luz del estándar antes mencionado se puede responsabilizar al Estado por la violación del deber de prevención frente al secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya».

Sin embargo, la FLIP ha rechazado las alegaciones del Estado colombiano y ha remarcado que Bedoya sí solicitó dicha protección e incluso antes de su secuestro y violación volvió a notificar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que las amenazas continuaban.

Durante su intervención, Bedoya ha defendido «el poder transformador de la justicia», por lo que ha pedido al Estado colombiano» que «rompa el pacto de impunidad» que ha rodeado a su caso durante más de veinte años» y a la CIDH que ordene la investigación de todas las vulneraciones que se cometieron contra sus derechos, con el fin de establecer las penas pertinentes contra todos los responsables, incluidos «los agentes del Estado, esos intocables del poder».

Al mismo tiempo, la periodista ha solicitado a la CIDH que exija el cierre de la cárcel La Modelo, «lugar que simboliza la concentración del crimen y de la impunidad, y no de la resocialización».