La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha finalizado su primer día de reuniones para evaluar la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante las protestas que comenzaron el 28 de abril.

La última reunión ha sido con la Procuraduría que ha entregado un informe en el que detallan que el organismo ha abierto 172 acciones disciplinarias contra funcionarios públicos por los hechos relacionados con las protestas, de los que 11 son actuaciones disciplinarias y 161 indagaciones preliminares.

Asimismo, se ha apuntado que se abrieron 143 expedientes contra las Fuerzas Militares, de las cuales 4 son investigaciones disciplinarias y 138 indagaciones preliminares.

«Debo agradecer a la CIDH que ellos vengan a visitar y a observar es una garantía de la transparencia que deben mostrar los gobiernos y entidades como la Procuraduría», ha declarado la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello, según recoge Caracol Radio.

Informe de ONG sobre actuación policial en el paro

Durante la jornada, varias organizaciones como la plataforma GRITA, la ONG Temblores o el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) han aprovechado para entregar a la CIDH un informe que documenta la actuación policial durante las protestas.

En el documento se ha indicado que desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo se registraron y verificaron al menos 3.789 casos de violencia policial.

«Identificamos casos de agresiones físicas a los manifestantes, violencia verbal, retenciones arbitrarias e injustificadas, casos de violencia sexual, lesiones oculares y faciales, intervenciones violentas de la ESMAD y la Policía, hostigamiento, policías activando armas de fuego contra la población civil, y policías junto a civiles disparando armas de fuego, entre otras prácticas de violencia policial», se lee en el documento recogido por ‘El Espectador’.

El documento ha señalado que las principales víctimas son jóvenes de sectores populares, personas que se encontraban cerca de las protestas por su residencia o trabajo, defensores de DDHH y periodistas.

Para estas organizaciones, las autoridades han usado «al menos nueve prácticas sistemáticas» que serían uso de armas de fuego contra manifestantes y para dispersar las protestas así como de gases y aturdidoras dentro de viviendas, utilización de un nuevos tipos de arma conocida con el nombre de Venom, la ocultación de placas de identificación de los policías, las retenciones arbitrarias, las agresiones sexuales, las lesiones oculares y las desapariciones forzosas.