La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó este jueves su preocupación por el asesinato de 113 líderes sociales en 2018 en el país e instó al Gobierno a fortalecer las garantías para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su misión.

El representante del organismo en Colombia, Alberto Brunori, presentó en Bogotá el informe «Situación de los derechos humanos en Colombia», realizado por esa oficina tras dialogar con cientos de personas e instituciones con las que realizó más de 1.300 misiones en terreno el año pasado.

Según las cifras del informe de la ONU, los 113 líderes fueron asesinados en 24 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Antioquia (noroeste), Cauca (suroeste) y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), que concentraron el 37 % de los casos.

Del total de personas que fueron asesinadas, nueve eran mujeres y la mayoría de esos homicidios se cometieron en municipios en los que existe un «alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género», por lo que la ONU instó a implementar el «Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos».

El 66 % de los asesinados, detalla el informe, habían denunciado a criminales o los efectos de la violencia sobre la población.

En el informe, la Oficina también alertó de once presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2018, de las cuales seis fueron realizadas, al parecer, por la Policía y cinco por el Ejército.

Esos casos ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander y las causas, según la ONU, pueden ser «la falta de mando y control por parte de los comandantes respectivos, así como la ausencia de disciplina táctica y de seguimiento de protocolos establecidos para el uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales».

En Colombia, se conoce como «falsos positivos» a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros durante el conflicto armado y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Por otra parte, Brunori aseguró que una de las claves para mejorar la situación de los derechos humanos en el país está en la debida implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno, que entonces presidía Juan Manuel Santos, y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

Eso, explicó Brunori, podría reflejar además la voluntad que tiene el Estado colombiano de cumplir con sus obligaciones internacionales, si bien alertó que los esfuerzos hechos no han sido suficientes.

«La alta comisionada ha observado que el Estado, pese a los esfuerzos desplegados, no ha podido llegar de manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial, particularmente en las zonas rurales más alejadas y donde el conflicto generó los mayores impactos», aseveró Brunori.

Es por eso que la ONU invitó al Gobierno del presidente Iván Duque a «priorizar el gasto público en prevención y a seguir promoviendo el desarrollo en particular en las zonas rurales apartadas y urbanas marginadas».

Para lograrlo, el organismo propone que el dinero recuperado en casos de corrupción sea una «fuente importante de financiamento» para implementar esos compromisos, así como el de sustitución de cultivos ilícitos que están contemplados en el acuerdo de paz.

Con información de EFE