Sin un ambiente favorable ni en el Legislativo, ni en la opinión pública, el Gobierno Nacional se alista para debatir un proyecto con el que busca desarmar las organizaciones criminales más temidas en el país y en las principales ciudades.

Dentro de estas organizaciones se encuentran el Clan del Golfo y todas las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el microtráfico, lo mismo que las disidencias y los integrantes de la Primera Línea que se encuentran presos por provocar desmanes y atacar a miembros de la fuerza pública durante el estallido social en el gobierno de Iván Duque.

Se trata de criminales, algunos de estos presos en la cárcel que siguen mandando desde su lugar de prisión y alimentando sus fortunas obtenidas de manera ilegal.

El proyecto contempla penas alternativas, lugares de reclusión en granjas agrícolas y también la posibilidad de que se les conceda el 12% de sus fortunas obtenidas con rentas criminales. Todo lo anterior, sin tener claro la reparación a las víctimas y entrega de la verdad de los hechos.

Desde ya la iniciativa ha causado polémica por lo que esto puede significar en materia de lavado de activos e impunidad, porque de acuerdo a lo que se ha dado a conocer a la opinión pública, el proyecto plantea la posibilidad de otorgar penas alternativas a los jefes de estas bandas y grupos criminales como si se tratara de un grupo subversivo.

Uno de los principales críticos a este proyecto es el expresidente Juan Manuel Santos, quien dijo en entrevista para el diario El Espectador, que mientras no se tenga un norte y un objetivo es difícil conseguir una paz total.

«Creo que presentar un proyecto de ley cuando uno no tiene nada claro sobre las negociaciones con estos grupos generales, ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es el objetivo, me parece que sería un salto al vacío y una irresponsabilidad. Por eso espero que el Congreso no vaya a aprobar ese proyecto de ley.», dijo el exmandatario al Espectador.

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La Corte Suprema de Justicia ha mostrado sus reservas frente al tema porque esto es una mezcla de justicia transicional con justicia ordinaria, con la idea de beneficiar a grupos que no tienen estatus de beligerancia, muchos de ellos con delincuentes a punto de ser extraditados a los Estados Unidos.

Se espera entonces la radicación del proyecto por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que desde ya se vislumbra con un panorama que no es claro en medio de un ambiente poco favorable para el Ejecutivo, al menos en el Senado de la República, donde el Gobierno tiene serias dificultades para la aprobación de sus ideas.

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