La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos y separación absoluta de las fuerzas militares al cabo segundo, Carlos Alberto Betancur Sánchez, por irregularidades en el manejo de información en la Operación Andrómeda.

La medida disciplinaria también confirmó la suspensión por un mes del comandante de la operación, el mayor, Joany Alonso Guerrero Herrera.

En el fallo de segunda instancia se confirmó que Betancur Sánchez, obtuvo de forma ilegal información relacionada con la seguridad nacional, correos electrónicos y contraseñas del equipo negociador del gobierno nacional y de la organización de las FARC, que participaban en el proceso de paz adelantado en La Habana, Cuba, con el fin de entregársela a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, conocido como «el haker de la Habana» a cambio de una contraprestación económica.

La PGN estableció que 20 cuentas de correo electrónico fueron suministradas de forma irregular.

Para el Ministerio Público, el investigado incumplió sus deberes y funciones al incurrir en el delito de espionaje, obtener, emplear o revelar de forma indebida, secretos políticos, económicos o militares, según lo establecido en el artículo 463 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano, y vulnerar los principios que rigen la función pública.

Con relación al mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, el ente de control lo halló responsable de incumplir sus deberes, al no ejercer control sobre los suboficiales a su cargo y permitir que se desarrollaran, utilizaran y ofrecieran en venta, herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional.