La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa a los senadores Mauricio Gómez Amín, Armando Benedetti, Daira Galvis y Antonio Zabaraín para establecer si en realidad hubo algún tipo de vínculos de los congresistas con el contrato de Centros Poblados firmado por el Ministerio de las TIC.
La indagación se abrió tras recibir las denuncias de Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia (RedVer).
La Corte buscará establecer si es cierto o no que la participación de estos congresistas en la adjudicación del billonario contrato y la presión para que no se revocara que se le había adjudicado a la Unión Temporal pese a los incumplimientos.
El máximo tribunal de la justicia estudia la posibilidad de llamar a indagatoria a la exministra Karen Abudinen y a los señores Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel, quienes son investigados por esos hechos y supuestamente conocerían de la presunta relación de los congresistas con el proceso licitatorio.
