Expertos en derechos humanos de la ONU han condenado el reciente asesinato e intento de desaparición forzada de un excombatiente de las FARC en Colombia y han instado al gobierno a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del Proceso de Paz de 2016.

En lo que se considera una ejecución extrajudicial, Dimar Torres Arévalo – un miembro desmovilizado de las Farc, que fue hallado muerto el 22 de abril a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

«Este atentado es un desafío para el Proceso de Paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia», dijeron los expertos independientes.

Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 11 de la II División negaron conocer su paradero. Posteriormente, se encontraron cerca del lugar tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver.

Torres Arévalo habría sido incorporado al proceso formal de reinserción como parte de la implementación del Acuerdo Final para el Fin del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conocido como el «Proceso de Paz Colombiano».

Los expertos hicieron un llamamiento a las autoridades nacionales con el fin de proteger los derechos y libertades de los ex combatientes reincorporados de las FARC, como a sus familiares, en el momento de su transición a la vida civil. También pidieron investigaciones y enjuiciamiento justos e imparciales por asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas de armadas nacionales y/o grupos armados.

«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad», dijeron los expertos independientes. «Es importante para la protección de estas personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”.

Los expertos señalaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción como también la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.

«Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida», dijeron los expertos. «El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz».