El presidente Gustavo Petro asumió el compromiso de recaudar un total de 3 millones y medio de hectáreas de tierra para dar inicio a un proceso de reforma agraria que permita superar las falencias del sector en Colombia.

Para esto no solo firmó un acuerdo con el gremio ganadero en cabeza de uno de sus más enconados opositores, (José Félix Lafaurie), sino que además quiere utilizar muchas de las fincas y haciendas incautadas a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que hoy se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que hoy está en medio de una gran polémica por cuenta de una mala utilización que se habrían hecho en períodos anteriores de los bienes que hoy están bajo su custodia.

La SAE es una entidad de categoría mixta, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como misión, administrar bienes que se encuentran en proceso de extinción, tarea que ejecutaba la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.

Fue creada en el Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2014 con el fin de ponerle fin al desorden administrativo y de corrupción que existía en la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que enfrentó un gran escándalo por manejos irregulares en la entrega de bienes incautados a la mafia que muchas veces caían en manos de políticos que apoyaban a los gobiernos de turno o de personas cercanas a quienes les eran incautados.

En medio de este escándalo cayeron personajes como los excongresistas, Lucero Cortés, Javier Cáceres, Camilo Bula, exliquidador en la DNE, Carlos Albornoz, quien fue director de la DNE, Carlos Enrique Robledo Solano, quien era el subdirector jurídico, y un nutrido grupo de personas que hacían parte de la entidad liquidada, lo mismo que congresistas de ese momento.

Todos estos hechos pusieron a pensar al presidente de ese momento, Juan Manuel Santos y a su equipo de Gobierno, en qué hacer con los bienes que la Fiscalía incautaba.  Es entonces cuando surge la idea de crear una entidad donde tuviera acceso el capital privado pero que la mayor participación fuera del Estado y se crea la Sociedad de Activos Especiales – SAE.

Fuentes de la Fiscalía, confirmaron a Confidencial Colombia que liquidar a Estupefacientes para crear la SAE, era como si un enfermo de lepra se quitara una camisa para lucir una nueva, pero sin curarse de la enfermedad. Según ellos, “el asunto no está en acabar con una entidad para darle vida a otra sino en cómo evitar que estos bienes, caigan en manos de los amigos o familiares a quienes les son incautados”.

Muchas de las fincas y haciendas que les fueron arrebatados a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, se encuentran en lugares lejanos a la capital del país, donde la acción del Estado es casi nula, de manera que cuando la SAE anuncia que uno de estos inmuebles se encuentra en proceso de ser arrendado, muchas veces llegan amigos del procesado judicialmente, y como son personas que no tienen antecedentes y cumplen con los requisitos, de inmediato les son adjudicados.

La otra dificultad es la vigilancia de estos bienes luego de que son incautados. “No se puede poner a un batallón de Ejército a cuidarlos”, de modo que en la mayoría de casos se acude a un cuidador quien por su grado de vulnerabilidad puede ceder a las amenazas de las personas cercanas al actor ilegal, quien tenía la posesión del bien y prestarse a sus órdenes.

El tercer asunto es el tráfico de influencias políticas y económicas de las que el país ya conoce con anterioridad y que no han permitido que estos bienes se utilicen para la reparación a las víctimas del conflicto armado en proyectos productivos.

El presidente, Gustavo Petro, le solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trabajar prontamente en el inventario de bienes que están en manos de la SAE y de los que al parecer no existen sino en el papel, esto porque el trabajo de verificación cuando fueron entregados de manos de Estupefacientes, no se hizo.

La Gerencia de Inmuebles Rurales de esa entidad tendría disponibles unas 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado, de las cuales, unas 33.039 hectáreas cumplen con las características de productividad y aprovechamiento para las víctimas del conflicto armado, sin embargo, es necesario esperar a que la Fiscalía y los órganos de control (Procuraduría y Contraloría), tomen cartas en el asunto y se pueda poner un poco de orden a lo que encontró el Gobierno de Gustavo Petro en la SAE.