La abogada Margarita Cabello Blanco fue elegida por la plenaria del senado como nueva Procuradora General de la Nación para el período 2021 -2025.

Cabello Blanco estará al frente del Ministerio Público a partir del mes de enero de 2021, cuando se vence el período del actual Procurador General de la Nación.

La nueva jefa del ente de control deberá demostrar en su gestión, independencia total del Ejecutivo. Lo anterior, por haber ocupado el cargo de ministra de Justicia del Gobierno Duque, quien le ternó para el cargo.

Nacida en Barranquilla, abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín.

Inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga (Atlántico), juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, cargo que ocupó durante 19 años.

Ejerció durante tres años (2009-2012) el cargo de Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Catedrática por más de veinte años en múltiples universidades nacionales. Hizo parte de la Dirección General de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es miembro de la Academia Colombia de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y miembro de la Comisión de Género de la Rama Judicial. Representante por Colombia de la Comisión Nacional de Género de la Cumbre Iberoamericana de Altas Cortes y miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.

La exministra es la primera mujer en llegar a este cargo. Entre las tareas de vigilancia y control a la función pública que debe ejercer durante su período, deberá además conversar con la Corte IDH para dejar claro cual deberá ser la gestión que en adelante tendrá el órgano de control sobre quienes ocupen un cargo por elección popular. Esto, luego de la sentencia emitida de parte del organismo internacional ante el caso Petro por el manejo de las basuras en Bogotá, cuando el órgano de control le sancionó destituyéndole del cargo e inhabilitándole durante 15 años.