El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó este jueves la ley que sustenta el sistema de justicia surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC para juzgar y sancionar los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El mandatario validó las reglas para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras fracasar en el intento de reformar el histórico pacto que considera blando con la que fue la guerrilla más poderosa de América.

«A partir de esta decisión, la JEP cuenta con todos los instrumentos constitucionales y legales para aplicar criterios y concentrar así el ejercicio de la acción penal respecto a quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos del conflicto armado», indicó la jurisdicción en un comunicado.

Duque había objetado algunos apartados de la ley que sustenta el sistema de justicia, considerado la columna vertebral del acuerdo firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC a finales de 2016.

Pero la Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, cerró las puertas a los intentos de reforma el 29 de mayo luego de una controversia en el Congreso en torno a las propuestas de Duque.

Según el alto tribunal, que en este caso oficiaba como juez de última instancia, las objeciones presidenciales fueron rechazadas tanto en ambas cámaras, pese a que el oficialismo controvertía la votación en el Senado.

Ante la falta de consenso sobre el resultado de la votación, el legislativo optó el 2 de mayo porque fuera ese tribunal el encargado de dirimir la polémica.

Duque, quien ha dicho que no comparte la decisión de la Corte, había planteado seis modificaciones con la idea de fondo de supuestamente impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.

El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.

Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan esos compromisos.

Con información de AFP