En entrevista para Confidencial Colombia el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, expresa su preocupación por el posible envío de alias ‘Otoniel’ a la justicia norteamericana, sin que antes haya confesado sus delitos en Colombia y restituido las tierras que despojó en la región del Urabá.

¿Está bien que el gobierno Duque extradite a alias ‘Otoniel’ sin que confiese sus delitos?

Gerardo Vega: Él debe confesar ante la justicia colombiana sus crímenes y decir además quienes estuvieron detrás de todos los hechos victimizantes, su estructura de narcotráfico y el tráfico de armas en el Urabá, que es una región que ha tenido problemas por presencia del crimen organizado.

¿Habría interés de parte de una parte del establecimiento en agilizar su extradición para evitar que hable ante la justicia?

Gerardo Vega: Ese es un problema histórico en nuestro país. En cuanto los jefes de las autodefensas comenzaron a hablar los extraditaron con diversas justificaciones y esto hizo que la verdad se perdiera, y por ende la reparación a las víctimas. Si hay disposición, la JEP podría llamarlo para que cuente lo que pasado en la región del Urabá.

Alias ‘Otoniel’ puede ingresar a la JEP, que fue diseñada para el proceso de paz con las Farc?

Gerardo Vega: Todas estas estructuras ilegales que han tenido tanto poder, de una u otra forma tienen que ver con el conflicto armado. En restitución de tierras hay 22 personas asesinadas en la región del Urabá, donde además hay un interés económico y político que hacen presencia en este territorio. En todo este problema está también buena parte del empresariado.

¿Qué acciones ha liderado el gobierno Duque en los últimos años?

Gerardo Vega: El gobierno es una persona ausente, no se instalado, ha dejado el territorio en manos de estructuras criminales por mucho tiempo. En esta región se reclama un liderazgo del Estado.

¿Pueden las víctimas de alias ‘Otoniel’ en el Urabá, reclamar justicia, sin que sus vidas corran riesgos?

Gerardo Vega: En la región del Urabá circula el rumor de un “paro armado”, el Estado tiene que ser capaz de garantizar la tranquilidad de las víctimas de Otoniel y además la posibilidad de reclamar la verdad. Tiene que ser así, no importa si hay dificultades o si hay temores, de lo contrario estaríamos reconociendo que no hay un Estado viable. La vía no puede ser que las víctimas no reclamen y todo quede en la impunidad.

¿Podría desatarse el plan pistola del que tanto se rumora?

Gerardo Vega: El Clan del Golfo es una estructura grande, con capacidad militar destructiva. Esperemos que nada de eso ocurra.