El partido político FARC denunció que cerca de 400 excombatientes siguen presos pese a la ley de amnistía y a que fueron incluidos en las listas elaboradas por esa antigua guerrilla de quienes eran sus integrantes detenidos antes de la firma del acuerdo de paz.

En este sentido, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) explicó en un comunicado que de esos más de 400 prisioneros 185 ya fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Ley de Amnistía fue aprobada el 28 de diciembre de 2016 y recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto a los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.

Algunos de los guerrilleros presos anunciaron a finales de junio una huelga de hambre para presionar por su liberación al amparo de la Ley de Amnistía.

En julio de 2017 la Misión de la ONU ya pidió al Gobierno colombiano que solucione la situación de los miembros de las FARC beneficiarios de la amnistía que permanecen en prisión y advirtió que la demora «socava» la aplicación de la paz.

En este sentido, el partido FARC aseguró en su denuncia que la elaboración de las listas de sus exmilitantes antes de dejar las armas, que no solo incluyen a guerrilleros, fueron elaboradas «a pesar de ser una organización irregular y las difíciles dinámicas carcelarias».

Con todo ello, consideran que hicieron «un único listado» con «el mayor profesionalismo».

De quienes siguen presos, afirman que hay quienes están «en críticos estados de salud sin contar con una ruta expedita que garantice su derecho a la libertad y la reincorporación».

Uno de ellos es Juan Diego Goraldo Santafe quien, según aseguran, cumplió una pena de «más de 13 años en una cárcel» de EE.UU. y que fue deportado en diciembre de 2018.

Al llegar a Colombia «fue encarcelado nuevamente por los mismos delitos que pagó en los EE.UU.», siempre según la denuncia del partido FARC.

En este sentido, añade que Goraldo «lleva más de seis meses esperando que se resuelva» su caso en la Justicia Especial de Paz (JEP), mientras que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz «se niega a acreditarlo» como excombatiente.

Por todo eso, la FARC instó «al cumplimiento de lo acordado por las partes» en las negociaciones de paz «sin dilación ni mensajes de incumplimientos».

Con información de EFE