La Fiscalía ha solicitado este domingo la entrada en prisión de los agentes de la Policía implicados en el fallecimiento de Javier Ordóñez, muerto en dependencias policiales tras ser sometido a descargas eléctricas y golpes por parte de los agentes.

Los exagentes Harby Rodríguez y Juan Lloreda han sido imputados este fin de semanas de los delitos de homicidio y tortura, debido a los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre, cuando Ordóñez fue sometido a descargas eléctricas en medio de la vía pública y posteriormente trasladado a dependencias policiales donde habría sido objeto de una paliza, que finalmente le costó la vida.

La muerte del abogado, de 42 años, desató jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, que provocaron disturbios y enfrentamientos violentos con la Policía. Al menos una docena de personas murió, más de 300 resultaron heridos y se registraron un centenar de denuncias contra la labor de los agentes solo en Bogotá.

La Fiscalía ha señalado que la libertad de Rodríguez y Lloreda podría poner en peligro el proceso judicial, ya que cabe la posibilidad de que puedan ausentarse de sus comparecencias ante la Justicia.

Ambos agentes, que fueron expulsados de la Policía, fueron ya detenidos el pasado viernes, aunque no han reconocido los delitos que se les imputó durante la audiencia del sábado, en donde la Fiscalía aportó como pruebas testimonios, informes periciales, así como los resultados de la autopsia de Ordóñez que evidenciarían la violencia a la que fue sometida la víctimas por parte de los policías.

La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los cuerpos policiales, hasta el momento militarizados y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.