La Fiscalía ha solicitado al tribunal de garantías de Bogotá que lleva el caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) por un delito de presunta manipulación de testigos y fraude procesal, que le ponga en libertad para garantizar su pleno derecho a la defensa.

Uribe, bajo detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del Tribunal Supremo, en calidad de senador, está siendo investigado desde el año 2018 a través de la Ley 600 por un supuesto delito de manipulación de testigos, al sobornar a un grupo de presos paramilitares para que no testificasen en su contra.

Sin embargo, después de que Uribe renunciara a su escaño, el respresentante de la Fiscalía, Gabriel Ramón Jaimes Durán, ha defendido que la ley 600, que rige para juzgar de los miembros del Congreso, es incompatible con la legislación 906 de la justicia ordinaria, pues «no es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos».

Esa indagatoria a la que hace referencia sólo es equiparable a un interrogatorio, por lo que Uribe debe ser procesado en libertad, ya que no se han presentado cargos contra él.

Jaimes Durán ha argumentado que este defecto de forma afecta al proceso y supone una vulneración del ordenamiento legal, pues «no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada» con la «que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse».

No obstante, el fiscal matiza que esto no supone comenzar el proceso desde el principio, pues las pruebas recavadas por el Supremo «se han convertido en elementos materiales probatorios que serán revisados» y «valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación de cargos».

Uribe y sus pleitos con la justicia

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.

Hace algo menos de un mes, el Supremo envió a la Fiscalía tres de sus casos más sonados, aquellos que supuestamente le involucran en las masacres de San Roque e Ituango en 1996 y 1997 y en el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998 a manos de fuerzas paramilitares.

Todos estos crímenes, que tuvieron lugar cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, estuvieron en manos del Supremo desde 2014 cuando el expresidente asumió el cargo de senador del Centro Democrático, aunque, tras renunciar el pasado 18 de agosto con motivo de las investigaciones en su contra, las investigaciones volvieron a la Fiscalía.

Uribe renunció a su cargo como senador, durante las investigaciones en su contra por un delito de presunta manipulación de testigos y fraude procesal, después de que una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien le acusó de dirigir una supuesta manipulación de testigos y vínculos con paramilitares, se le volviera en contra.

El Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador progresista en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Las víctimas de los numerosos procesos a los que tiene que hacer frente Uribe recelan de la Fiscalía, al estar en manos de un amigo íntimo del presidente, Iván Duque, quien es a su vez uno de los protegidos de Uribe, según amplios sectores del país.

Así lo consideran también los familiares del abogado defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle, por cuyo asesinato a finales de los 90 también se investiga a Uribe por su supuesta connivencia con los escuadrones paramilitares que le mataron mientras ejercía el expresidente como gobernador de Antioquia.