El Gobierno del presidente Iván Duque defendió su gestión en relación a la protección de los líderes sociales en el país, luego de la ola de asesinatos que se ha presentado en los primeros días del años contra este población.

El Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, compareció en rueda de prensa este lunes, en la que en resumen, «le echó el agua sucia» al Gobierno anterior al que acusó de haber entregado el panorama de amenazas a estas personas.

«Es que cuando se habla de política pública, nosotros tenemos que saber exactamente qué se entregó, y aquí lo que se entregó fue un vacío del 2010 al 2016, es decir, seis años del Gobierno anterior”, sostuvo Barbosa, advirtiendo previamente que «no estaba usando el espejo retrovisor».

Agregó que “aquí lo que se recibió fue un informe de la Comisión de Garantías de Seguridad, desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre del 2016) hasta el 7 de agosto (de 2018)”.

En ese sentido, el alto funcionario manifestó su preocupación porque antes de la firma del acuerdo de paz no había un registro de líderes sociales asesinados en Colombia.

Exfuncionarios de Santos defienden su gestión

Las declaraciones del Alto Consejero fueron controvertidas por el exministro del Interior, Guillermo Rivera, que a través de Twitter publicó el informe que su despacho le entregó a la comisión de empalme de Duque, conformada entre otros, por la hoy vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, y el mismo Francisco Barbosa.

Este es el extenso documento que contiene el balance de las acciones y estrategias adelantadas por el Gobierno Santos en materia de protección de los líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos

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