El Gobierno de Colombia ha reconocido la existencia de víctimas en el marco de las movilizaciones conocidas como Paro Nacional, al tiempo que ha señalado que «merecen justicia y reparación», tras la publicación de un informe de Naciones Unidas que apunta a la Policía como responsable de la muerte de 28 personas.

«Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación», ha indicado el Ministerio de Exteriores colombiano a través de un comunicado, en el que ha reiterado el «respaldo» del Ejecutivo «al derecho a la reunión pacífica» y ha condenado «de manera vehemente cualquier violación de los Derechos Humanos que se haya presentado en casos individuales».

Del mismo modo, «y coherente con su posición de respeto y garantía de los Derechos Humanos», el Ministerio de Exteriores ha indicado que «el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población», por lo que ha rechazado «todo acto violento» que «desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional» de Colombia.

En este sentido, ha incidido en que la «política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica» y ha hecho hincapié en que «se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas».

«Por ello es indispensable resaltar la integridad del proceso de transformación de la Policía iniciado hace más de un año», ha continuado, antes de destacar que el plan se basa «en la innovación, la transparencia y el respeto por los Derechos Humanos». Asimismo, el Gobierno ha reiterado «su talante dialógico para tramitar las demandas ciudadanas, con enfoque territorial y con especial énfasis en grupos étnicos, mujeres y jóvenes».

Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala.

Según la información recopilada por la oficina de Derechos Humanos, «existen motivos razonables» para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. En un principio, el Gobierno de Colombia pidió a Naciones Unidas no hacer «activismo político», mientras que la Policía rechazó las acusaciones.