El ministro de Defensa, Diego Molano, ha defendido este lunes el uso de glifosatos, asegurando que el mecanismo será «preciso», pese a las recomendaciones internacionales de evitar este herbicida para la erradicación de cultivos ilícitos ya que presenta riesgos para los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Según ha declarado Molano, la prioridad del Gobierno es disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos, ya que el narcotráfico sigue siendo la principal amenaza para Colombia.

«Lo que busca el presidente Duque es eliminar esa fuente de violencia, que es la que genera homicidios colectivos y asesinatos a líderes sociales», ha precisado Molano.

Para esto, se hará «una aspersión (de glifosatos) con precisión que determine que no se puede hacer en resguardos, zonas de reserva, que cumpla con las condiciones ambientales y la licencia, que cuando se vaya a fumigar no hay cuerpos de agua cerca».

La Administración de Duque ha recibido una misiva firmada por un grupo de expertos de la ONU en la que piden al presidente no reactivar las fumigaciones con glifosato ya que «supondría enormes riesgos para los Derechos Humanos y el medioambiente», además la propuesta «violaría también el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».

El escrito está firmado por los relatores especiales de Naciones Unidas de sustancias tóxicas, de afrodescendientes, el de medioambiente, derecho a la alimentación, la de derecho a la salud, la de situación de personas defensoras de Derechos Humanos y el de los derechos de pueblos indígenas.

A las palabras de Molano se suma una carta enviada a la ONU de la viceministra de Asuntos Exteriores, Adriana Mejía, en la que señala que «en nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el Llamamiento Urgente que hacen los procedimientos especiales», ya que según señala éste no cumple con los requisitos establecidos necesarios para formular un Llamamiento Urgente.

Además, añade que «prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema ‘no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia'».

El Gobierno colombiano ha señalado que espera retomar la fumigación de cultivos ilícitos en abril, tras seis años de suspensión. La última vez que se usó el glifosato con estos fines fue en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.