El ministro de Defensa, Diego Molano, ha reiterado que la Policía Nacional no se separará de la cartera de Defensa, algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado en su informe sobre las protestas antigubernamentales que estallaron el 28 de abril.

«La Policía Nacional se queda en el Ministerio de Defensa», ha zanjado Molano, que ha argumentado que la Constitución de 1991 determina que el cuerpo tiene carácter civil. «Hemos visto lo que ha sucedido en otras épocas de la historia cuando la Policía pertenece a otra rama o sector», ha agregado.

De forma paralela, ha afirmado que Colombia aún tiene una amenaza «persistente» de violencia en muchas regiones del país, por lo que se necesita de una Policía tal y como funciona en la actualidad.

«Una Policía multifuncional, que tiene objetivos de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y el contrabando, de protección individual a grupos de población, como niños, jóvenes y adolescentes», ha sostenido.

Asimismo, ha garantizado que el Gobierno colombiano garantizará el derecho a la protesta pacífica y se ha mostrado «respetuoso» con el informe de la CIDH, publicado el miércoles, y que concluye que la respuesta a las protestas por parte del Ejecutivo se basó en «un uso desproporcionado de la fuerza».

Una de las recomendaciones más destacadas del informe es la que aconseja separar a la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa, «a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de Derechos Humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares».

Duque recriminó después a la CIDH que «nadie puede recomendar a un país ser tolerante con actos de criminalidad» y aseguró que el Gobierno ha sido «respetuoso» con la «protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía».

Las manifestaciones contra el Gobierno de Duque comenzaron hace más de dos meses en contra de una reforma fiscal presentada por el Ejecutivo y que ya fue retirada, a lo que se ha añadido una batería de demandas sociales que han hecho que los colombianos sigan saliendo a las calles.

En cifras oficiales, al menos una veintena de personas han fallecido en el marco de las movilizaciones, en las que se han visto imágenes de vandalismo y disturbios y se ha denunciado una fuerte represión policial que ha llevado a la comunidad internacional a insistir en el respeto de los Derechos Humanos.