La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha aceptado la llamada del Gobierno de Colombia para seguir desarrollando la implantación de los acuerdos de paz, un día después de que el partido político de la ya extinta guerrilla denunciara ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la «inoperancia» del Estado colombiano para acabar con la violencia y los asesinatos de los que eran víctimas sus miembros.

En nombre del Gobierno de Colombia, el consejero presidencial Emilio Archila ha enviado este jueves una carta a Rodrigo Granda, Jairo Estrada y Ronald Rojas, delegados del FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) de los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016, para retomar el diálogo.

Las negociaciones quedaron interrumpidas el pasado 14 de mayo cuando los delegados del FARC se retiraron de la mesa tras las palabras del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Ceballos, quien celebró la inclusión de Cuba en el listado de países amigos del terrorismo que trazó Estados Unidos.

Es precisamente la celebración en Cuba, «como país garante de la implementación» de los acuerdos, una de las peticiones del FARC para seguir con el diálogo, que han propuesto para el próximo 25 de junio.

«Debemos reiterar que nos interesan mayores claridades acerca del lugar de Cuba como país garante de la implementación, que ha apoyado y apoya el proceso de paz en Colombia tal y como lo expresamos en la constancia de nuestra reunión suspendida el 14 de mayo», han señalado los tres delegados del FARC en un comunicado publicado en sus redes sociales.

A su vez, han explicado a Archila que, si su propuesta de realizar una reunión el pasado 28 de mayo no fue atendida, fue porque en ella sólo estaría él y no el resto de delegados del Gobierno.

Un día antes, el miércoles, el presidente del FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, pidió a la ONU intervenir en la implantación de los acuerdos de paz, tal y como hizo años atrás durante el proceso previo, ya que «fundamentalmente», es necesario «parar el asesinato de antiguos guerrilleros».

«Nos están matando. Nos están asesinando y no hay voluntad política de parte del Estado colombiano para parar este genocidio», denunció Londoño.

«Lo que está sucediendo ante nuestros ojos, además de la retórica estatal que niega los asesinatos sistemáticos, es el exterminio de un grupo nacional sin que el Estado tome medidas. Queremos evitar un genocidio, un exterminio con base al discurso del odio», manifestó ‘Timochenko’.

En lo que va de año, varias han sido las organizaciones no gubernamentales que han denunciado el asesinato de antiguos guerrilleros. El último de ellos, ocurrido a finales del mes mayo, fue, según el FARC, la víctima número 198 desde que se firmaron los acuerdos de paz en el año 2016.

Desde entonces, Colombia sufre una ola de violencia debido a la pugna entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos territorios y negocios de las FARC, cebándose no ya solo con antiguos guerrilleros que optaron por dejar las armas, sino también con líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.