Las autoridades colombianas han negado este lunes la muerte de menores en una operación llevada a cabo en Chocó, en el oeste del país, contra «una de las figuras más visibles» de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Andrés Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’.

El Gobierno ha indicado en un comunicado que los menores que se encontraban en el campamento contra el que se llevó a cabo la operación no han fallecido y han confirmado que algunos de los miembros del ELN se los llevaron en cuanto comenzó el operativo.

«Durante las tareas de observación que hicieron las tropas en el área pudieron apreciar que había menores en el área, pero una vez ejecutada la operación no se determinó que hubieran quedado menores en el área», ha señalado el comandante de las Fuerzas Armadas Luis Fernando Navarro.

Así, ha especificado que «fue el ELN el que se los llevó» y han asegurado que «nuestros hombres vieron cómo se los llevaban». ‘Uriel’, tercero al mando del ELN, fue abatido por un tirador de «alta precisión».

Informaciones difundidas por varios medios de comunicación colombianos señalaban que una niña de seis años, supuestamente hija de ‘Uriel’, y otro menor de ocho años, estaban en el campamento cuando tuvo lugar el operativo.

«Quien viola el Derecho Internacional es quien tiene a los menores en esos campamentos. La fuerza pública no mata niños, la fuerza pública defiende a los colombianos, la fuerza pública crea condiciones de seguridad», ha recalcado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa.

Trujillo ha defendido, además, que las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo este tipo de actos en presencia de menores «cumpliendo debidamente con todos los principios de conducción de hostilidades».

Las autoridades de Colombia consideraban a ‘Uriel’ el principal responsable del atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía que tuvo lugar en enero de 2019 y en el que murieron 22 personas. Además, el Gobierno lo acusaba de reclutar menores y entregar células urbanas del ELN.

En febrero de 2019 y tras el atentado, el Gobierno del presidente, Iván Duque, suspendió las conversaciones de paz con el ELN. Ahora, para reanudarlas, exige la deposición de las armas y la entrega de todas las personas secuestradas por la guerrilla.