Con la sanción presidencial de la reforma a la justicia, los tiempos que surten para la decisión de un proceso judicial se verán recortados entre uno y doce meses. Lo anterior, gracias a una serie de beneficios que serían concedidos si el victimario se acoge a los principios de verdad y reparación.

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Dichos beneficios no le serán otorgados a procesados por temas relacionados con crímenes de lesa humanidad, ni delitos graves contra niños, niñas y adolescentes.

Los cambios más importantes en materia penal que trae la norma son los siguientes:

1. Justicia centrada en las víctimas: se refuerzan los mecanismos de reparación integral y se prioriza su participación en el proceso penal.
2. Fortalecimiento del principio de oportunidad: permitirá a los fiscales aplicar con mayor autonomía esta figura, lo que contribuye a enfocar los recursos del Estado en la investigación de los delitos más graves.
3. Beneficios por aceptación de cargos: se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa mediante sentencias anticipadas y acuerdos entre las partes.
4. Uso de pruebas anticipadas: facilitará la recolección oportuna de evidencias y evitará dilaciones en los procesos.