Las muertes de 24 reclusos durante el motín que se registró el pasado 31 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá habrían sido intencionadas, según el informe elaborado por un grupo de expertos forenses a petición de Human Rights Watch (HRW) en base a las autopsias realizadas a los fallecidos.

La respuesta de los guardias al motín para reclamar medidas adecuadas frente a la COVID-19 se saldó, además de con los 24 internos muertos, con 107 heridos, entre ellos 76 prisioneros y 31 guardias.

A petición de la ONG, expertos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT) han analizado las autopsias realizadas por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia a los fallecidos.

Tras ello, han llegado a la conclusión de que «la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar». «Los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas», han subrayado.

Pese a que, como apunta el informe, las muertes de los detenidos de La Modelo «habrían sido intencionales», «hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso», ha lamentado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

En este sentido, ha defendido que «las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos».

La Procuradora Margarita Cabello, en la mira

Según la versión oficial ofrecida por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el 21 de marzo, las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un «plan criminal de fuga». En agosto, el Congreso nombró a Cabello como nueva Procuradora General.

El organismo que pasará a dirigir en enero, la Procuraduría General, es el que está investigando las muertes en La Modelo. Según HRW, «existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente» sobre lo ocurrido y «el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido», ya que habría manifestado sentirse «orgullosa» de la respuesta de los guardias.

Por ello, la organización ha defendido que se establezcan «salvaguardas» para asegurar que cuando Cabello asuma el cargo la investigación sobre las muertes en el motín «se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos».

HRW también ha denunciado que hasta ahora la Fiscalía General aún no ha presentado ninguna imputación en relación con los muertos y heridos durante el motín, pese a que en agosto el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo a la organización que se estaban siguiendo tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva.

En lo que se refiere a la Procuraduría General, según HRW, tampoco ha logrado avances significativos. El 9 de noviembre, un alto funcionario indicó a Human Rights Watch que aunque se está investigando el caso por ahora no se había identificado a ningún guardia penitenciario presuntamente responsable. Según indicó, una de las dificultades que planteaba la investigación es que los guardias no llevaron un registro de qué arma utilizó cada agente el día de los motines.

La organización ha recordado que «los miembros de la fuerza pública no deben usar armas en su trato con los detenidos salvo en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, o cuando resulte estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona que represente una amenaza grave para la vida y se resista a las autoridades».

Así pues, ha subrayado Vivanco, «una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos». «Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo», ha reclamado.