El fiscal delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alonso Pío Fernández, ha solicitado formalmente al tribunal ampliar el testimonio del antiguo líder del Clan del Golfo, Dairo Úsuga ‘Otoniel’, quien ha sido extraditado a Estados Unidos, después de que relacionara a los generales Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero con los paramilitares.

Además, para la Procuraduría es fundamental que ‘Otoniel’ también profundice su colaboración sobre crímenes de la llamada Casa Castaño, funcionarios del DAS (antiguos servicios secretos) involucrados en homicidios de integrantes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otros delitos durante su trayectoria criminal.

Fernández considera muy importante y pertinente que ‘Otoniel’ confiese sobre terceros civiles que financiaron o respaldaron a los grupos armados.

«Individualizar las personas (dirigentes políticos, alcaldes, terceros civiles, militares, policías), que coadyuvaron y financiaron la guerra; profundizar sobre la creación del movimiento Esperanza Paz y Libertad», prosigue en su escrito.

‘Otoniel’, sobre quien pesaba más de 120 órdenes de captura solo en Colombia desde hace cinco años, fue detenido el pasado 23 de octubre durante un operativo militar en la región de Urabá, en Antioquia. Estados Unidos solicitaba la presencia del líder paramilitar ante su justicia para que pueda ser juzgado por varios delitos de narcotráfico y que le podrían acarrear penas de hasta cadena perpetua.

Hasta su detención, comparada por el entonces presidente Iván Duque a la de Pablo Escobar en los años noventa, ‘Otoniel’ era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos el 30 por ciento de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas.