La ONU y la Unión Europea (UE) instaron este sábado a las instituciones estatales colombianas a que hagan mayor presencia en varias regiones del país donde consideran que dos años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC las comunidades carecen de «garantías fundamentales».

Así lo afirmaron en una declaración conjunta el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Jean Arnault, y el enviado especial de la UE para la paz en el país, Eamon Gilmore, quienes consideran que pese a la firma del acuerdo aún persiste la situación de violencia en regiones como «el Catatumbo, Nariño o el Cauca».

«El reto es indudablemente incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales», agregaron.

Arnault y Gilmore consideran que una de las expresiones «más negativas» de la violencia en esas regiones es el asesinato de líderes sociales.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y agosto de este año fueron asesinados 343 líderes.

«La tarea es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva», manifestaron.

El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmaron en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país.

Por otra parte, los diplomáticos valoraron que en los 24 meses transcurridos tras la firma del acuerdo de paz en el país ha habido un «descenso de indicadores de violencia importantes» y más de 13.000 miembros de las FARC, incluidos 3.000 privados de la libertad, iniciaron el tránsito «a la vida civil».

De igual forma, destacaron la transformación de la guerrilla en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que cuenta con representación en el Senado y la Cámara.

«Los procesos electorales parlamentario y presidencial, iniciados apenas cuatro meses después de la dejación de armas fueron los más pacíficos y participativos en décadas», añadieron.

También valoraron las acciones para «el progreso hacia la verdad, la justicia y la reparación para las innumerables víctimas del conflicto» como la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

«Confiamos que, juntamente con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, este Sistema de Verdad, Justicia y Reparación permita al país alcanzar el justo equilibrio entre las exigencias de la Justicia y los prerrequisitos de la paz», dijeron.

Arnault y Gilmore afirmaron también que el segundo aniversario de la firma del acuerdo es una oportunidad para «comprometer» el apoyo internacional con el Estado y la sociedad colombiana para que el país sea un «ejemplo de tránsito exitoso de la guerra a la paz que el mundo necesita».