La Justicia Especial Para la Paz imputó cargos a generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007 por los falsos positivos cometidos en el departamento de Antioquia.

Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su participación determinante en la comisión de los crímenes.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad, se pudo establecer que las víctimas fueron sometidas a actos tortura antes de ser ejecutadas.

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«Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían», explicó el tribunal de justicia transicional.

Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.