La Casa Blanca ha confirmado que ha comenzado a «deportar» a Colombia a venezolanos que habían residido en dicho país y que habían intentado «entrar de manera irregular a Estados Unidos».

«Lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país, regresen a ese país», ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en alusión a los migrantes venezolanos procedentes de Colombia.

Así pues, desde la Administración del presidente, Joe Biden, han remarcado que se está devolviendo a estos ciudadanos al país «donde habían estado viviendo antes».

Psaki ha detallado que está previsto que estos vuelos se realicen «de manera regular» y serán operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Por último, la portavoz de la Casa Blanca ha añadido que estos vuelos se han iniciado recientemente, aunque no ha precisado la fecha exacta, y ha apuntado que por el momento no se ha establecido un periodo para el fin de estos vuelos.

Estas declaraciones se han dado después de que la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negase este lunes la existencia de acuerdos entre el Ejecutivo colombiano y Estados Unidos.

Ramírez respondió así a una publicación de la cadena estadounidense CNN en la que, en base a fuentes de Seguridad Nacional, informaba del inicio de estos vuelos de deportación a Colombia en base al Título 42 –aprobado bajo el mandato del expresidente Donald Trump–.

Más tarde, el presidente colombiano, Iván Duque, confirmó que, efectivamente, Bogotá y Washington colaboran en la deportación de migrantes desde Estados Unidos procedentes de Colombia.

«Las deportaciones se están tratando de personas que tenían un estatus migratorio en nuestro país y que, aprovechando ese estatus, trataron de entrar ilegalmente a territorio de Estados Unidos, por eso están siendo deportados», destacó Duque.

El mencionado Título 42 consiste en una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.